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Cospedal y el nazismo
En el proceso de demonización de las protestas ciudadanas, la hipérbole puede ser muy peligrosa cuando se trata de relacionar conceptos desiguales e imposibles.
María Dolores de Cospedal, secretaria general del partido que gobierna, ha comparado las protestas ciudadanos en el entorno personal de los dirigentes políticos con las prácticas que realizó el nazismo en Alemania, como preludio del exterminio de los judíos.
Las fuerzas paramilitares del nazismo no se manifestaban ante las casas o los negocios de los judíos; las asaltaban y destruían. Y con estos episodios, que tuvieron su epicentro en la llamada “noche de los cristales rotos”, se abrió la espita progresiva que condujo a Auschwitz Birkenau y otros campos de concentración para labores de exterminio sistemático.
Lo que en España, importando un concepto que se acuñó en Argentina, está ocurriendo, es que grupos de personas organizadas se desplazan a los lugares donde residen o trabajan quienes consideran responsables de las consecuencias de esta crisis, para protestar de forma pacífica ante ellos. No ha ocurrido un solo episodio de violencia, o como máximo, subidas de tono en los gritos que se profieren. Nada de asaltos ni cristales rotos.
Pero la diferencia más importante y sustantiva es que los escraches no los organiza el poder establecido, como ocurría en Alemania. Y no existe ningún plan para linchar, agredir o destruir las propiedades de quienes sufren las protestas. Se trata del desahogo ciudadana allí donde pueden encontrar a los dirigentes que gobiernan esta crisis. Y se realizan en ese entorno privado porque estos líderes están blindados en cualquier lugar, inaccesibles a la ciudadanía.
Cuando se intentó protestar ante el Congreso de los Diputados, residencia de la soberanía popular, la policía se encargó de que el lugar fuera inaccesible. Se calificó la iniciativa de “intolerable”. ¿Dónde considera el Gobierno que pueden protestar los ciudadanos?
La comparación de Cospedal de los escraches con el nazismo no solo es insoportable, imposible e intolerable, sino además, una escalada en la criminalización de la ciudadanía y sus representantes.
El PP ha jugado fuerte en esa demonización. Sucesivamente lo ha hecho con los inmigrantes ilegales, a los que ha privado de asistencia sanitaria, los sindicatos, los médicos en protesta, los maestros e incluso los jueces.
Ahora llaman nazis a los participantes en los escraches. La tentación sería utilizar otra hipérbole como respuesta a la que ha promovido Cospedal. Pero una escalada no conduce a nada. Habría que pensar si no se parece más al nazismo ayudar con dinero público a la Banca y permitir que siga desalojando a ciudadanos de sus casas sin regular la forma de impedirlo.
Los nazis se quedaban con las propiedades de los judíos. Los escrachistas solo tratan de evitar que los ciudadanos comunes, “los judíos” de esta España desigual, sigan perdiendo sus propiedades en manos de los bancos que han sido auxiliados y protegidos económicamente por el estado.
Reflexionemos con serenidad. El problema esencial no son las protestas sino los desahucios. Demonizando y persiguiendo a los manifestantes se empuja hacia protestas más radicales, porque no desaparece la injusticia que las promueve.
Debiera relajarse la señora Cospedal que, a diferencia de los judíos alemanes y los pobres de España, tiene mucha protección y blindaje para su vida personal. Debiera preocuparse por los perseguidos y no por los perseguidores. Esa sería la única comparación posible –naturalmente exagerada e inadmisible- entre la Alemania Nazi y la España que todavía es democrática.
Mayo del 2013: sin espacios para el disenso
Como era previsible, el conjunto de medidas impuestas por la Unión Europea y aplicadas por el Gobierno, no solo no han mejorado la situación económica, sino que la han agravado. La respuesta, instalada en la tozudez, es más dosis de una medicina inicua que agravará la situación del paciente, de la mayoría de los ciudadanos. La Unión Europea exige a Rajoy más impuestos y nuevos recortes. Y el estado de indignación de la sociedad entenderá esos nuevos sacrificios como una provocación.
Mayo tiene, desde el 68, un sello de rebeldía. Es un mes carismático y adecuado a la explosión social. Y los disensos de la sociedad con las imposiciones del poder no encuentras vías de manifestación que dibujen un camino hacia un nuevo consenso social.
Una sociedad arrinconada termina por reventar; cuando se empuja contra un muro, la salida, en la estrategia militar, convoca a la rendición o a la lucha desesperada. Y en esas estamos. Los llamados escraches son la válvula de escape para acercarse a unos dirigentes que se han blindado frente a las legítimas protestas de los ciudadanos. Y la solución que se plantea no es atajar la raíz de los problemas sino nuevas medidas coercitivas para cerrar y arrinconar cualquier vía de protesta.
Ni los partidos ni los sindicatos han abierto caminos para que transiten los reclamos ciudadanos. Y como corresponde, la sociedad busca sus propios vericuetos.
Multar a los que protestan, detenerlos, ponerlos en la picota pública porque “molestan” a los responsables de esta situación en el entorno de sus familias, solo convocará nuevas vías de protesta. Y si se cierran todos los caminos, la fuerza de los hechos promoverán una explosión social.
El PSOE, al fin, ha entendido que tiene que acercarse a los reclamos de los ciudadanos. La derecha, inmediatamente ha establecido que el PSOE se radicaliza. Porque pretende una sociedad sumisa que acepte con resignación los azotes que se le profieren. El PSOE se ha dado cuenta de que la inacción es su final. Y se ha empezado a mover sin que se tengan claros cuales son los riesgos que está dispuesto a asumir.
Mientras tanto, la infanta Cristina está pendiente de comparecer ante los tribunales. La fiscalía y la abogacía del estado actúan como defensa de la infanta y no como acusación pública. El hijo de Jordi Pujol soporta el conocimiento público de que tiene 32 millones de Euros en paraísos fiscales. Igual que Luis Bárcenas. El Gobierno de Zapatero indultó al banquero Sáenz y el de Rajoy cepilla sus antecedentes penales para que siga siendo el número dos del Banco Santander. Y la lista de desigualdades sería interminable.
Esta contraposición de situaciones, de distintas varas de medidas en función del poder de los ciudadanos es un escaparate refractario de la desigualdad que no se puede soportar. Ajustes para los débiles y blindaje para los poderosos.
El Gobierno, la señora Mérkel y los poderes financieros debieran ser conscientes de que el cinturón que se aprieta a los ciudadanos ya no tiene más agujeros.
En la ciencia militar es norma básica que arrinconar al enemigo, sin ninguna salida, provoca una resistencia numantina. En eso estamos.
Felipe y los escraches. Hipocresía y discriminación
Lamento no ser políticamente correcto. Mi compromiso intelectual no me lo permite. Me cuesta mucho trabajo abstraerme de la situación excepcional que vive la mayoría de la ciudadanía. Creo firmemente en los valores de la Constitución. Pero creo en todos ellos, sin burbujas que pretendan que algunos derechos son retóricos, aunque sea por imposibles. No concibo ninguna forma de democracia censitaria en la que los derechos y los valores tengan relación dispar con los orígenes, la renta o cualquier otro baremo asentado en la discriminación activa o pasiva.
La intimidad es un bien a proteger y se sintetiza en el adagio inglés del “derecho a estar solo sin injerencias exteriores cuando esa sea la voluntad del individuo”. Pero el mismo derecho a la intimidad tiene el Rey que el más humilde de los ciudadanos.
El más pobre de los ciudadanos tiene derecho a una vida digna y a un gobierno que le sirva. Todos tienen derecho a proteger a sus hijos y a su familia frente a cualquier situación humillante. Y no hay excepciones pero si grados de posible incumplimiento.
Un responsable político y un dirigente económico están tan protegidos como cualquiera frente a cualquier intromisión en su intimidad. Y, en consecuencia, el hogar, como reducto sagrado de esa intimidad, debe ser protegido en todos los casos y para todos los ciudadanos.
Y vayamos a los hechos que nos ocupan.
Existe un debate nacional sobre la legitimidad de los llamados escraches o protestas ante los domicilios o las oficinas de representantes políticos que tienen responsabilidad directa con la gestión de la crisis y con las medidas que se están adoptando como solución. Y el pensamiento establecido se apresura a determinar que lo que consideran derechos vulnerados de esas personas tienen que ser restablecidos, al amparo de la fuerza de la ley. Parece razonable.
Felipe González, ex presidente de Gobierno y ex líder del PSOE, también se ha pronunciado en defensa de los derechos de quienes se sienten acosados por la indignación ciudadana.
Un pensamiento políticamente correcto, el del ex presidente González. Y podía suscribirse sin matices, pero yo quiero poner algunos condicionantes.
El derecho a la propiedad y la seguridad jurídica de las transacciones económicas está regulado por ley y se diseñó para su aplicación en circunstancias normales. Si alguien tiene un crédito con garantía hipotecaria, en caso de impago, está establecido que se ejecuten esas garantías. Mi disenso radica en que no estamos en circunstancias normales; son absolutamente excepcionales. El marco jurídico en que se reguló la ejecución de esas medidas de control y garantía de las hipotecas ha saltado por los aires en una crisis económica en la que tienen mucha más responsabilidad los dirigentes que sus representados. Se produce la paradoja de que muchas instituciones financieras han tenido una protección excepcional cuando su situación era de quiebra y las medidas jurídicas a adoptar eran dejarlas caer y desahuciar económicamente a sus propietarios y responsables. Ante una situación de excepcionalidad se adoptaron soluciones excepcionales. Cerca de sesenta mil millones de euors se han inyectado, con la garantía de los impuestos de los ciudadanos, a esas entidades en quiebra que sin embargo no tienen piedad con quien incumple sus obligaciones hipotecarias. ¿Puede haber una vara de medir más discriminatoria? ¿Por qué no medidas excepcionales para proteger igualmente, con los mismos criterios, a los más débiles?
La mayor violación de la intimidad de un ciudadano es el desahucio o desalojo de su casa delante de sus hijos y sus vecinos. Esa violencia legal estaba justificada cuando el marco socioeconómica determinaba también una seguridad jurídica de quien contraía esos compromisos de acuerdo a la situación que imperaba cuando los contrajo.
Cientos de miles de familias han sido desahuciados no porque ellos hayan protagonizado el marco de su situación económica sino como consecuencia de la crisis y, sobre todo, de las medidas adoptadas para combatirla. La igualdad y la universalidad de las medidas ha sido y es discriminatoria para los humildes y protege a los poderosos. Se ha creado una burbuja de protección para quienes son importantes y se ha explotado la de quienes no lo son.
La excepcionalidad de la situación convierte en ilegítima e injusta la aplicación de las clausulas de garantía de muchos desahucios. Y la protección que merecen los afectados está por encima del cumplimiento de sus contratos. Sobre todo porque las circunstancias actuales determinan y demuestran que muchos responsables de la crisis no solo no han pagado por ello sino que siguen siendo beneficiarios a costa de la tragedia colectiva.
Poner en primer plano los derechos a la intimidad y exigir la protección de este colectivo de poderosos sin resolver la tragedia de quienes pierden su casa como consecuencia de la crisis es un acto de hipocresía social insoportable.
Por eso me permito recordarle a mi admirado Felipe González que su posición políticamente correcta está huérfana de la misma radicalidad en la exigencia de que se acabe inmediatamente la progresión de las medidas que determinan una democracia desigual en que unos son protegidos y otros son abandonados en función de su dinero, su poder y su influencia.
Y mientras tanto, no seré yo quien considere ilegítima cualquier manifestación de rechazo, que sea pacífica, allí donde radiquen o se escondan los responsables de esta situación.
El desbordamiento: saltarán las costuras por la indignación
El idioma español es muy rico en sinónimos, analogías, adagios, refranes, sentencias e incluso, en hipérboles. Este muestrario de posibilidades para dar grafismo a lo que es evidente e indiscutido y, además, intolerable, permite un gran patrimonio literario en los asertos sobre la indignación de la vida colectiva.
Para describir una situación insostenible que anuncia graves repercusiones -en ocasiones sociales y políticas- existen muchas expresiones. “Saltar la olla” (por excesiva presión); “romperse las costuras”, por desbordamiento del contenido, “ponerle la tapa al pomo o frasco” (expresión latinoamericana y especialmente cubana) y “la gota que colmó (y desbordó el vaso derramando su contenido) son una demostración de que los españoles tienen capacidad de definir lo que ya no es soportable.
La olla de la vida política española está cargada de indignación y la temperatura hace rato que ha promovido la ebullición. Hay algunas válvulas de seguridad que han impedido, hasta ahora, la explosión de la caldera. Pero ésta ya no admite más presión: el paso siguiente será un estallido social de consecuencias inciertas.
Las válvulas de seguridad han sido varias. En primer lugar, el miedo a perderlo todo por quienes todavía tienen algo. El miedo es una niebla espesa que impide muchos legítimos reclamos y cobija a gentes agotadas en sus casas, incluso pasando hambre. Pero además, al amparo del cinismo de Rajoy, al determinar que “no ha cumplido sus promesas, pero ha cumplido con su deber” (blindado con la mayoría absoluta), ha incrementado el desánimo de que las cosas no pueden cambiar. Resignación, cristiana o no, pero solo hasta que el agua llega al cuello y la siguiente gota evidencie el ahogamiento de las víctimas.
También han sido válvula de seguridad, para que la olla no estalle, la inoperancia, dejadez o falta de compromiso del principal partido de la oposición. Y de los sindicatos.
Rubalcaba ha sido siempre, sobre todo, un bienpensante. Esa especie del género humano que tienen pánico a traspasar aquello que las clases establecidas consideran límites infranqueables en cualquier circunstancia, incluso en las más extremas. Pero quienes abominan de cualquier algarada, justifican el 2 de Mayo, porque la actitud del invasor traspasó todos los límites.
Rubalcaba no dice ni mu de los escándalos en la Casa Real, no adhiere a su partido a casi ninguna manifestación, por legítima y razonada que pueda ser. Tiene pánico a verse involucrado con alguien que pueda promover el mínimo altercado. El filtro de lo respetable, lo determinan, entre otros, los editoriales de El País. Tengo mi propia opinión de la deriva del periódico que fiscaliza Juan Luis Cebrían y los bancos acreedores de un dinero que PRISA nunca podrá pagar. Rubalcaba está obsesionado con lo políticamente correcto, que le impide ver a los policías aporreando a pacíficos ciudadanos. O indignarse porque Corinne viva a cuenta de los presupuestos del estado.
Rubalcaba se muere antes de rozar una crónica de sucesos. Nunca hará nada que suponga un riesgo electoral de unos comicios que no ganará nunca, precisamente por estar abrasado por su condición de bienpensante. Ya es imposible tener ese comportamiento pequeño burgués de no rozar lo inadmisible, porque la destrucción del estado del bienestar y de la esencia misma de la democracia empieza a convocar respuestas contundentes. Y estás, como los ríos cuando crecen, encontrarán su cauce al margen de una canalización política que ya no tiene legitimidad y que no es reconocida por los ciudadanos.
Si se sigue echando leña a la hoguera; si no se reducen los líquidos de la olla, si se añaden más elementos a los fondos que están ya desbordados, saltarán las costuras, explotarán los recipientes, por muy sellados que se consideren, se desbordarán los vasos con las últimas gotas que ya son cataratas. Y la marea se va a llevar por delante a todos los que han pretendido, desde una falsa progresía, ser equidistantes.
PD: Me han faltado líneas para comentar las fotos de Alfredo Núñez Feijo compartiendo yate con su amigo narcotraficante. Tampoco he podido glosar que otro consejero de sanidad, un tal Lamela, el apóstol contra la sedición de los terminales, también se va a la Sanidad Privada que ellos están arrancando de la sanidad pública y universal que era el orgullo de los ciudadanos. Tiempo habrá. Por esto y mucho más van a estallar las calderas sin remedio.
Escrache y ausencia de regeneración democrática.
El vacío es una condición complicada. Necesita aislamiento garantizado para que no sea ocupado por cualquier elemento o energía que tenga presión suficiente para vencer las resistencias que amparan ese incomunicación. Experimentos recientes han demostrado que incluso el vacío ideal, con oscuridad absoluta, manipulado desde espejos genera ondas de energía.
La política no es distinta. La degradación de la democracia, la tendencia al vacío de unas instituciones tan inoperantes como para perder el reconocimiento social o la capacidad de imposición, generan un espacio que es ocupado por quienes disienten de esa situación. Los golpes de estados se alumbran frente a un vacío de poder por incapacidad de gobierno. Los descontentos con la representación política generan también fuerzas alternativas para remplazar a las que han quedado obsoletas. Los partidos tradicionales han abdicado de la pretensión de representar. Y surgen nuevas fuerzas sociales que tienden a reemplazarles.
En España, los partidos y las instituciones se han blindado ante los ciudadanos. Ya no se puede decir que los representen. Se esconden para ser inaccesibles a las protestas. Se blindan.
La degradación misma del concepto de representación viene determinada por la pretensión de que sea legítimo el incumplimiento de los compromisos electorales para sustituirlos por el “cumplimiento del deber”. Declaración explícita de Mariano Rajoy. Y la inoperancia absoluta del PSOE, su incapacidad para regenerarse y promover alternativas los está hundiendo ante la indiferencia de los ciudadanos.
El descontento, la desafección, están testificados en las encuestas y se manifiesta constantemente en la calle. El poder, enfangado en casos de corrupción, está actuando con desprecio a sus promesas y frente a un consenso general de que las políticas contra la crisis no solo no sirven sino que están desvertebrando la sociedad.
Escrache es un término acuñado en Argentina y Uruguay que define una protesta activa allí donde se esconden los destinatarios de esa repulsa. Es una actividad complicada porque definir sus límites legítimos implica una renuncia expresa a toda forma de violencia que deslegitimaría esa práctica.
El poder, en España, lleva practicando mucho tiempo el escrache. Los desahucios de los ciudadanos de sus viviendas son la forma límite del escrache. No hay mayor violencia social que despojar a una familia de su vivienda, en presencia de sus hijos, con el auxilio de la policía y de cerrajeros que violentan las puertas. La pérdida de derechos es un escrache colectivo del que solo se libran los poderosos.
El vacío de representación está siendo ocupado por protestas organizadas a las que ni los sindicatos ni los partidos dan amparo. Y la tendencia a ocupar el vacío no se detendrá con la pasividad de las instituciones. Solo tenemos que intentar y vigilar que no sea violento para que no pierda, también, su legitimidad.
El problema son los desahucios, no las protestas
Más de cien mil desahucios en 2012. Muchas decenas de miles de personas se vieron desposeídas de sus viviendas; otros perdieron sus locales de negocios. Agentes judiciales, policías y cerrajeros para sacar a las personas de su cobijo más íntimo. Violencia legal, pero no necesariamente legítima.
Los desahucios se han constituido en un problema social y humanitario de primera magnitud, en un universo en que decenas de miles de euros, respaldados por los impuestos de los ciudadanos, han sido inyectados a una banca irresponsable. Esa misma banca, una parte de la cual ha recibido ese dinero público, procede con toda crueldad con ciudadanos que les han ayudado pese a las gratificaciones corruptas de sus ejecutivos.
La respuesta social ha tardado en llegar. Ciudadanos comprometidos en su indignación con este estado de cosas, han organizado protestas ante los despachos y los domicilios de algunos de los políticos que consideran responsables de la política económica que ha conducido a esta situación.
Sin duda es incómodo que personas profieran gritos y aspavientos en áreas privadas o publicas de esos representantes. Es posible que se violente la intimidad de esos dirigentes. Pero criminalizar las protestas sin buscar solución al origen de estas no deja de ser un capítulo más de esta política de desigualdad que hace que no se proteja a los ciudadanos comunes y se vigile la burbuja de cristal de quienes no padecen las consecuencias de la crisis.
España alberga a tres millones de personas en extrema pobreza; a seis millones de desempleados y cientos de miles de personas que no reciben ningún ingreso para organizar su supervivencia.
Frente a eso, los 15 ejecutivos mejor pagados del IBEX 35 se acaban de repartir 135 millones de euros.
Los escándalos de corrupción anuncian decenas de casos de poderosos que se han apoderado de lo ajeno. La Amnistía fiscal a permitido regularizar capitales en negro a precios irrisorios. ¿Y alguien se extraña de que haya ciudadanos que se planten en la puerta de casa de dirigentes políticos que amparan esas prácticas y no reaccionan contra la pobreza de sus conciudadanos?
Como siempre, esta sociedad tiende a escandalizarse de las molestias que se les causan a los poderosos y cierra los ojos ante las tragedias de los humildes.
¿Por qué hace el PP propaganda de ETA?
La tecnología de la criminalización de las protestas es una constante en los comportamientos del Partido Popular. Si alguien se atreve a desafiar los recortes y las consecuencias de la política contra la crisis, se desata una campaña contra el colectivo para desviar la atención de las raíces.
En los últimos tiempos esa tecnología se ha aplicado a los maestros, a los médicos, a los sindicatos e incluso a jueces y fiscales cuando de han rebelado contra las contrarreformas de la Justicia. A los sindicatos ahora los tienen tranquilos, tal vez por su inoperancia.
Ahora le ha tocado el turno a la PAH (Plataforma Afectados Hipotecas) que es una de las organizaciones más eficaces en la lucha contra los desahucios. Según la tesis del Gobierno, lanzada una vez más por la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, quienes dirigen estos movimientos tienen vínculos con ETA. Otros dirigentes han subido la parada denunciando que las protestas de la PAH siguen los mismos procedimientos que la Kale Borroka. Y además, añaden, que sus métodos son radicales y que están organizados.
Como el Gobierno mueve a los periodistas afines con “argumentarios” que distribuyen también entre los líderes del PP (A mí me deben dar por “imposible” porque nunca he recibido esas instrucciones), convendría que escrutásemos en estos razonamiento.
Primero, según la nada sospechosa de izquierdismo agencia EFE, el año pasado se ejecutaron 101.034 desahucios en España. Una medida nada radical, a lo que parece, porque el capitalismo ejecuta sus atropellos con el código civil y penal en la mano.
Esas familias sin techo se siguen multiplicando este año. Y, entonces, cuando quien tiene conciencia social y compromiso para enfrentarse a esa manifiesta injusticia, actúa, el problema se resuelve diciendo que usan métodos radicales, que están organizados y que están vinculados nada menos que con ETA.
“Métodos radicales” y “organizados” son leit motiv de esa criminalización. Pregunta: ¿Está el PP organizado? ¿Usa el Gobierno métodos radicales contra las más desfavorecidos? ¿Tendrá el Gobierno conexiones con ETA para que le adoctrine en esa intimidación suprema que es arrancarle a uno su vivienda?
¿Están organizados los bancos? ¿Usan métodos radicales para recuperar su dinero? ¿Estarán los bancos conectados con ETA?
Segunda. Muchos sesudos analistas y sociólogos no se explican que con el empobrecimiento de la población no se haya producido un estallido social. Y cuando hay algunas protestas organizadas contra esas medidas injustas, aparece el Gobierno y el PP y decide equipararlas con una banda terrorista que ha asesinado a más de mil personas? ¡Qué inteligente forma de suavizar el juicio que muchos españoles tienen sobre ETA!
Tercera, insisten en que las protestas en los domicilios de los representantes de estas políticas salvajes afectan a su intimidad. Probablemente tienen razón. Pero, ¿hay alguna atentado mayor a la intimidad de una familia que acudir con la policía y un cerrajero y dejarles en la calle?
Lo políticamente correcto es criminalizar esas protestas. Escandalizarse por la violencia que conlleva gritar a unos dirigentes ilegitimados por sus incumplimientos electorales pegando cuatro gritos en la puerta de su casa. Pero, ¿la crisis no lleva sufrimiento para millones de ciudadanos? Y, los que la promueven, se sienten ofendidos porque se les eche en cara en el único lugar en que su blindada vida tiene acceso para quienes sufren las consecuencias de sus políticas?
La ecuación que plantea el Gobierno es explosiva. Si manifestarse en protesta de los desahucios convierte a los participantes en seguidores de ETA, me temo que muchos van a estar conformes con esa condición, porque quedarse quieto con todo lo que está pasando está a punto de convertir a los pasivos en colaboracionistas de esta inmensa injustica.
PD: Las asociaciones de víctimas del terrorismo debieran considerar una querella contra el PP por apología de ETA.
Bankia, todos pierden menos sus responsables
Si se quisieran concentrar todos los perjudicados de Bankia no cabrían en un estadio de fútbol. Accionistas, trabajadores, engañados con las “preferentes” forman un universo de quienes que van a perder casi todo lo que depositaron, confiando en los gestores actuales y anteriores de Bankia, Caja Madrid y las cajas absorbidas.
En el año 2012, Bankia confesó unas pérdidas de 19.193 millones de euros. Imposible poner en imagen esa cantidad de dinero. Las ayudas públicas a Bankia superan los 22.000 millones de euros. Y ahora está por concretar ese impacto por la revisión de las “preferentes” que ha ordenado el ministro Luis de Guindos. La cifra llega a más de 49.000 millones si se tienen en cuenta los avales recibidos.
La economía de mercado determina que cada inversor o ahorrador es responsable de sus decisiones. Pero pone como filtro que las entidades responsables de esa captación de activos informen verazmente de su situación y sus propuestas; y que no engañen con falsas promesas a quienes acuden a ellas.
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¿Es legítimo “acosar” a los responsables de la crisis?
Empiezan a proliferar protestas en el ámbito más intimo de los dirigentes, en sus casas. Los ciudadanos, acelerados por la impotencia de sus reclamos, buscan a quienes les confieren sufrimiento en el epicentro de sus vidas. Se habla de asalto a la intimidad. ¿Hay mayor asalto a la intimidad que un desahucio?
La política, en su deslegitimación actual, se ha blindado separando a los representantes de los representados. Guardaespaldas, coches con chófer, y protección las veinticuatro horas del día, hacen imposible un contacto de los ciudadanos con los dirigentes. Y sin embargo, el conjunto de medidas, que carecen de legitimidad electoral por los programas incumplidos, zahieren los derechos conquistados e introducen condiciones de vida imposibles millones de ciudadanos. ¿Cómo vencer esa muralla de aislamiento de quienes vulneran el mandato representativo de los electores?
Poner puertas a la indignación promueve abrir ventanas a la protesta. Quien ha perdido su trabajo, su casa y su esperanza, reclama el desahogo de acercarse a quienes les infringen sufrimiento para materializar su rechazo. Para mi, la protesta en el único entorno en donde se puede encontrar a los causantes de tanto dolor, es legítima si se cumplen algunas condiciones.
La primera, que los reclamos sean absolutamente pacíficos, exentos de amenazas o de cualquier forma de violencia. Y, segunda, que no se haga sufrir a los hijos y familiares de los políticos o dirigentes económicos las consecuencias de esas protestas de forma directa.
No solo se trata de dirigentes políticos. Ejecutivos de banca que se reparten cientos de millones de euros mientras sus entidades ejercitan desahucios no tienen legitimidad para pedir que se respete su aislamiento. Burbujas de felicidad en un entorno de sufrimiento. Guardaespaldas, aviones privados, y la impunidad de los vencedores con sus derrotas de los desfavorecidos. ¿Qué quieren, que encima no se les pueda echar en cara su ignominia?
Quienes se favorecen de la desgracia ajena deben saber que su estatus no es eterno. Y deben estar dispuestos a aguantar la pacífica indignación de sus víctimas.
Tal vez, en tiempos de crisis, tendría éxito organizar tours por las mansiones de los banqueros para que sintieran el aliento de una calle que esquivan con sus blindajes.
¿Quién puede parar el fin de la Unión Europea?
Chipre es un país pequeño en donde los experimentos económicos se pueden hacer sin demasiados costes políticos; naturalmente, para quienes adoptan las decisiones que aplican a terceros.
No hablamos mucho de Grecia ni de Portugal: sociedades esquilmadas, retroceso en el tiempo. Tampoco pueden hacerse valer en Europa porque tienen gobiernos dóciles y sus protestas envuelven un paisaje cotidiano que asimila las tragedias ajenas. No tienen masa crítica para influir.
Los partidos institucionalizados no son capaces de enfrentar la realidad de una Unión Europea disímil en el trato a sus miembros; oligarquía en la toma de decisiones. Hace tiempo que está demostrado que esta unión es inviable. Está a punto de llegar un punto de inflexión. La eclosión de nuevos partidos de esencia populista que van a defender lo que los ciudadanos quieren por asfixia. Nuevas reglas o nuevos modelos de integración. Una nueva Unión Europea o lo que puede ser más radical: la partición de esta organización adecuada a los intereses de los miembros, agrupados en los más poderosos y los más débiles.
Si lo primero que dicen es que las medidas de Chipre o las de Portugal y Grecia no son extrapolables, habrá que prepararse para lo peor. No queda un ápice de solidaridad en una dinámica en la que cada sociedad se interesa solo por lo que le pueda pasar a ella.
Hasta hace unos pocos años, todavía había creencias y mecanismos de que los poderosos tenían que ayudar a los débiles. Aunque fuera por crear mercados mediante mecanismos de homologación. Ahora Europa solo cree en los ajustes. Y no hay partidos de izquierda capaces de enfrentarse a esa disciplina. Incluso François Hollande ha tirado la toalla en la lucha por la solidaridad y el crecimiento.
Las sociedades, en parte, están adormecidas por las cataratas de información sobre las tragedias. Demasiada información es lo más parecido a ausencia de información. Pero no está excluido que las próximas elecciones europeas, cada día más cercanas, promuevan un tsunami de castigo contra los partidos establecidos que no hacen nada para detener este desastre. No hay nadie en el horizonte con luces largas para detener la deconstrucción de la Unión Europea.
